La Constitución vigente en el Artículo 247 proclama que “son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables”. El principio es correcto. Pero en el segundo párrafo señala que “su exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas, de acuerdo a la ley”; con ello se abre la puerta a la privatización de la renta de los recursos naturales. El resultado es que esta renta ha sido apropiada por las transnacionales y los grupos de los intermediarios locales. En la nueva Constitución se eliminará toda trampa privatizadora y se recuperará la propiedad de los recursos y de la renta.
El Ecuador explota 540 mil barriles diarios de petróleo, 10 mil millones de dólares al año; pero el Estado apenas recibe 3 mil millones. Los 7 mil millones restantes se llevan las transnacionales y los intermediarios locales. El Decreto 002 de la Constituyente dispondrá la nacionalización del petróleo, para recuperar 7 mil millones de dólares anuales y dedicarlos a educación, salud, trabajo, vivienda y seguridad social para todos/as. Impulsará un cambio del modelo económico-energético, empezando porque el Ecuador no será más exportador de crudo, sino productor de derivados, con una industria petroquímica integral y la reforma y fortalecimiento de PETROECUADOR.
El espectro radioeléctrico ha sido privatizado. Tenemos las tarifas celulares más caras de la Región y de baja calidad. Movistar y Porta que manejan 2.400 millones de dólares anuales en el negocio de la telefonía celular, con una inversión reducida. El Gobierno de Palacio les entregó la banda de 1990 MHz en 4 millones de dólares, que las dos transnacionales recuperan en 4 minutos. El Decreto 003 de la Constituyente dispondrá nacionalización de la telefonía celular para recuperar 2 mil millones de dólares anuales.
Ocho grupos monopólicos controlan el 80% de las frecuencias de radio y televisión, con programas de baja calidad. La Constituyente dispondrá la auditoría de las frecuencias y la democratización de los medios de información de masas. Se reservará para el Estado y la ciudadanía el manejo de la información y el control de la calidad de la misma. Impulsará el libre acceso de todos los ciudadanos/as a la sociedad del conocimiento, empezado por el software libre y el reconocimiento del internet como servicio público que debe ser garantizado por el Estado.
Se ha privatizado el agua, afectando los derechos de las comunidades y de la ciudadanía, y hay una nueva concentración de las mejores tierras en manos de los monopolios agroexportadores. La Constituyente democratizará la tenencia de la tierra y el agua, a favor de los productores agrícolas y de quienes la trabajan.
NAPOLEÓN SALTOS GALARZA
CANDIDATO DE POLO DEMOCRÁTICO, LISTAS 50
A ASAMBLEISTA POR PICHINCHA
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